El vapeo pese a su corta vida dejó ya de ser hace unos años una moda transitoria convirtiéndose en una industria amplia, lucrativa, boyante, creciente. Y es que de acuerdo con Research and Markets, la industria del vapeo va a cruzar la barrera de los $43 Billones de dólares para el 2023.
Pero parte de esta sumatoria no proviene únicamente del vapeo si no de además de otra tecnología igual de novedosa donde se encuentran los productos sin combustión conocidos por su acrónimo en inglés HNB (“Heat-not-burn”) como el dispositivo elaborado por la tabacalera Phillip Morris conocido como IQOS.
Obviamente al encontrar mercados tan grandes, son varios países que acostumbrados al VIEJO mundo y sin aportar un ápice de innovación en sus procesos y regulaciones utilizan nuestra salud y derecho a elegir como oportunidad para recaudar jugosas sumas para el fisco o simplemente cumplir cuotas políticas a favor de las poderosas tabacaleras y farmacéuticas que por distintos intereses, no les interesa que sus poblaciones tengan acceso a una alternativa más sana.
Un ejemplo de esto es La India, un enorme país donde se está considerando la prohibición de estas alternativas más seguras. Lo cual suena absolutamente ridículo si se considera que en este país mueren al año 900.000 personas por causa del tabaco.
Existen otros países como el Reino Unido dónde el vapeo es una valiosa herramienta de salud pública donde los fumadores son recetados por sus médicos tratantes con cigarrillos electrónicos ya que, según sus propios estudios, es una alternativa un 95% más segura que el tabaco en un país donde cada minuto se admite a una persona en el hospital por tabaquismo y donde mueren anualmente por esta causa 79.000 personas, es el vapeo su mejor herramienta ya que gracias al cigarrillo electrónico, 20.000 personas en Inglaterra dejan de fumar al año. Más información aquí
Sin embargo aún existe demasiada desinformación al respecto. 40% de fumadores creen de forma ERRONEA que el cigarrillo electrónico es más perjudicial que el tabaco, cuando es este mismo porcentaje el de personas que nunca han probado uno. Y esto incluso se puede deber a una brecha generacional sobre todo con una población mayor reacia al cambio.
Otros países más adelantados se van sumando al ejemplo del Reino Unido como por ejemplo Italia. Un país que sufrió 4 años de impuestos absurdos a los líquidos para cigarrillos electrónicos y que ahora comprende que estos productos deben estar al alcance de su población por un tema de salud pública. En este país se redujo el impuesto a los líquidos con nicotina en un 80% y los sin nicotina en un 90% y es que antes de este triunfo hace pocos días, los impuestos italianos alcanzaban $0.46 centavos por mililitro es decir, si consideramos que de promedio una botella de líquido de 60ml cuesta $20 dólares, con los impuestos italianos, esta misma botella alcanzaba un precio de $47,60.
La información sigue saliendo a la luz, según un estudio independiente italiano que se menciona en la revista inglesa vapouround #19 dice que el vapeo puede incluso revertir varios de los daños causados por fumar en pacientes con obstrucción crónica pulmonar (COPD) En este estudio el 91% de los participantes redujeron drásticamente su consumo de tabaco y solo un 8% volvió a fumar.
Entonces, ¿Si existe tanta información al respecto, por qué tanta burocracia y prohibición?
Esa es la pregunta que deseamos sea contestada por nuestras autoridades en el Ecuador.
El Código de Salud recientemente aprobado en la comisión de salud, contempla una disposición reformatoria, la cual agrega una octava disposición general a la Ley de Regulación y Control del Tabaco, que indica que todos los dispositivos electrónicos de administración de nicotina que pretendan asemejar el consumo del tabaco, serán considerados producto de tabaco y estarán sujetas a la regulación de la ley en mención. Este articulado, erróneamente introducido por la puerta trasera y sobre el que no se ha dado discusión alguna, lo que pretende, es que los cigarrillos electrónicos sean regulados al igual que los cigarrillos, cuando la evidencia y la investigación científica, día a día demuestran que estos productos tienen distintos perfiles de riego y por lo tanto, la regulación debería ser proporcional a la exposición de daño que cada producto representa para la salud de los consumidores.
